El 10 de marzo pedimos explicaciones al
Ministerio de Sanidad y poco más tarde a la Vicepresidencia del
Gobierno, exigiendo la mínima y esencial información sobre las
causas del estado de alarma. Nada contestaron. El 24 de marzo dimos
entrada de una escrito de interposición de un procedimiento especial
para la protección de derechos fundamentales ante el Tribunal
Supremo. Gracias a este procedimiento, el 2 de abril se requirió al
Gobierno para que entregase el expediente administrativo que precedía
al decreto de alarma.
Pues bien, estamos acabando el mes de
abril y nadie nos ha hecho llegar nada. Hemos denunciado la
preclusión del plazo, el fraude procesal y el comportamiento de
algunos funcionarios y nada.
Ese es el respeto que tiene este
Gobierno y su Administración de Justicia con los ciudadanos.
Mientras la mayoría de los medios de
comunicación apoyan las medidas del Gobierno y jalean y criminalizan
a los “desobedientes”, lo cierto es que ninguno de ellos ha hecho
el mínimo ejercicio de investigación, ni tienen ni un solo
documento que justifique el estado de alarma.
Lo cierto es que además, a algunos se
nos criminaliza y se nos llama antivacunas y terraplanistas, y se nos
acusa de defender pseudociencias, cuando lo cierto es que la mayor
parte de los medios de comunicación se han convertido en medios de
propaganda de intereses políticos y económicos, sin el mínimo
ejercicio de investigación y sin la mínima autocrítica.
¿Será porque viven de muchos favores
del Gobierno? ¿Será por sus vínculos con instituciones
“filantrópicas” como el Poynter Institute manejado y financiado
por las élites más oscuras -El amigo de Sánchez Sr. Soros y
compañía- y encargada de ejercer la censura más obscena jamás
vista a través de engendros como la “Agencia EFE”, “Newtral
S.L.” y la pseudoasociación “Maldita”?
¿Dónde están los documentos
técnicos, científicos, jurídicos y económicos que justifican el
estado de alarma? Yo no los tengo y los medios de comunicación
tampoco. Los medios de comunicación que validan las informaciones
del Gobierno y de la OMS sin hacer la mínima comprobación, se
convierten en medios de propaganda, no de información.
El derecho de acceso a la información
es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal. Debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos
es un derecho esencial para promover la transparencia de las
instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana
en la toma de decisiones. Además las Administraciones Públicas se
financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión
principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la
información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía.
Pueden
distinguirse dos aspectos en cuanto al derecho al acceso a la
información: Transparencia proactiva como aquella obligación de los
organismos públicos de publicar y dar a conocer la información
sobre sus actividades, presupuestos y políticas; y la Transparencia
reactiva que es el derecho de los ciudadanos de solicitar a los
funcionarios públicos cualquier tipo de información y el derecho
a recibir una respuesta documentada y satisfactoria. "Las
diferentes y numerosas menciones a este derecho coinciden en resaltar
la creciente importancia que está cobrando, ya que el mismo supone
una herramienta indispensable para adquirir aquellos conocimientos
que permiten controlar la actuación de los gobiernos y prevenir y
luchar contra la corrupción así como contrarrestar la violación de
derechos. De estos preceptos se desprende que el derecho de acceso a
la información debe ser destacado como un valor intrínseco al
concepto de democracia.
En el ordenamiento jurídico español
ya existen normas sectoriales que contienen obligaciones concretas de
publicidad activa para determinados sujetos. En materia de contratos,
nuestro país cuenta con un destacado nivel de transparencia. Sin
embargo, esta regulación resulta insuficiente en la actualidad y no
satisface las exigencias sociales del momento. Por ello, con la Ley
de Transparencia se avanza y se profundiza en la configuración de
obligaciones de publicidad activa que se entiende, han de vincular a
un amplio número de sujetos entre los que se encuentran todas las
entidades del sector público que, por su condición de perceptores
de fondos públicos vienen obligadas a
reforzar la transparencia de
su actividad.
El Gobierno, las Administraciones y los
Jueces, no solo no están poniendo a disposición de los ciudadanos
la información necesaria para establecer un juicio de valor sobre el
acierto o desacierto del estado de alarma perpetrado, sino que están
actuando con negligente contumacia a la hora de impedir que la
población reciba información veraz.
Han pasado casi 50 días desde que
hicimos la primera petición de información oficial al Gobierno, y
nada tenemos por el momento.
El 28 de abril a primera hora, hemos
reclamado de nuevo el expediente administrativo a la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y tienen dos días
para hacer entrega. Ya sabemos qué políticos tenemos en este país
y en unos días confirmaremos la categoría de los jueces que dicen
defender la legalidad y a los ciudadanos en nombre del Rey.
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