Esto que ya lo decía Hitler, y que es repetido incansablemente por personajes de la izquierda española -desde magistrados del Constitucional en el tema de la educación para la ciudadanía-, en el tema del aborto, la quimioterapia infantil, las vacunas, y ahora con el tema del "pin parental" -por el que se exige consulta y autorización a los padres para cualquier actividad escolar que pueda afectar a la moral de los niños-, es una constante en las sociedades totalitarias.
Sin entrar en el concreto asunto, lo cierto es que independientemente de que la enseñanza sea un servicio público y que el estado tenga la obligación de velar por la existencia de un sistema educativo garantista, no es menos cierto que la enseñanza es un servicio que no siempre debe ser prestado por el estado.
El estado asume este papel voluntariamente sin que exista norma supranacional o constitucional que obligue al Estado Español a gestionar la educación de los menores. Si bien es cierto que el estado tiene el papel de garantizar la educación y de proteger al niño, no es menos cierto que son preceptos no concretados por la constitución y de rango muy inferior a otros mandamientos constitucionles.
La educación como servicio, es un bien de consumo y afecta al derecho básico de los consumidores, información y libertad de decisión. No puede ahora el estado sobrepasar sus propios límites y alegar que la educación sea un servicio ajeno a sus naturales consumidores e imponer unas normas donde el consumidor no tenga ni voz ni voto.
Al igual que pasa en la sanidad, el niño es un consumidor y a falta de capacidad, ésta la completan sus padres y no el Estado.
Luis de Miguel Ortega
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