VACUNAS (1)

Hace unos meses requerimos (este letrado y la Asociación de Consumidores ACUS) al Ministerio de Sanidad para que explicase la gestión que hace con las vacunas, debido a la alarma social por epidemias inexistentes y el acoso que están sufriendo las personas que cuestionan la seguridad y eficacia de las vacunas.

Se llama antivacunas a quienes solicitan información y se preocupan por su salud y la de sus familiares. Más que antivacunas son ciudadanos responsables, pero eso suele molestar a médicos como la Sra. Carcedo.

Si hay algo esencial en los derechos de los pacientes y consumidores es el derecho a la información, sin el cual, no existe un servicio de salud sino una panda de mafiosos y delincuentes por mucho que tengan puesto de funcionario o político.

Y como sospechábamos, lo primero que hace el Ministerio es ignorar la solicitud de información; lo segundo contestar a desgana cuando le requiere el Consejo de Transparencia; lo tercero emitir una contestación envenenada, pues no contesta nada de lo que se pregunta ni requiere a las faracéuticas afectadas como parte en el procedimiento A SABIENDAS de que con este comportamiento ninguna reclamación ni demanda puede prosperar, lo que confirma el ánimo ilícito de las instituciones que gestionan las vacunas.

Mientras tanto muchos padres son amenazados por no vacunar a sus hijos, o son víctimas de amenazas y escarnio público y alguno buenos profesionales son sancionados y ridiculizados.

El primer requerimiento lo pueden leer aquí: Vacunas 

La contestación del Ministerio: Alegaciones

Y nuestras aclaraciones: Aclaraciones

Es una vergüenza que con el coste que tienen las vacunas exista tan poca información y tantas noticias falsas, y que tengamos que defender en precario a los profesionales y familiares, como lo ocurrido hace porco con la Dra. Bellostas.

estamos hablando de unos 700 afectados graves por efectos secundarios al año por vacunas, si aceptamos la incidencia de estos efectos que describen las fichas técnicas (1 de cada 10.000).

El Ministerio y los reguladores están para servir a la industria farmacéutica y buscan un monopolio y un absoluto control social. No me cabe ninguna duda.

Cuando las vacunas puedan ponerse de manera obligada, por la fuerza a los ciudadanos, con el objeto de buscar un bien común, ¿qué se opondrá a que hagan lo mismo con el aborto, la eutanasia, las sedaciones terminales o la supresión de disidentes políticos? ¿Cómo se evitará que nos envenenen con aditivos alimentarios o experimentos genéticos o carnes sintéticas?

Dejar la sanidad en manos del Gobierno es una de las cosas más negligentes y absurdas que se puede hacer, sobretodo cuando  parece que empiezan a caminar por el oscuro camino del totalitarismo y la coerción a los ciudadanos.

Luis de Miguel Ortega