Hoy
se publica en El Mundo un reportaje sobre “La jueza enloquecida por
el comisario Villarejo”, donde se relata parte de las desventuras
de esta Jueza ahora internada en un psiquiátrico de Palencia.
En 2017 una mujer murió
de una meningitis no diagnosticada después de estar atada a la cama
75 horas
https://elpais.com/sociedad/2019/04/18/actualidad/1555612101_291957.html.
En junio de 2015, fallece
Toni, un chico valenciano que estaba siendo tratado por esquizofrenia
y al que nunca le diagnosticaron el tumor de hipófisis que tenía y
al que le dieron 28 medicamentos psiquiátricos para probar y para
intentar tapar el fracaso “médico”, con 117 cambios de
tratamiento y dosis que superaban con mucho las permitidas por las
fichas técnicas de seguridad de los medicamentos.
Hace unos días nos
despertábamos con la noticia de que un estudiante de medicina se
arrancó los ojos en plena calle e intentó arrancarse los genitales
tras “haber dejado la medicación” en mayo de 2019.
https://www.elmundo.es/internacional/2019/05/13/5cd9281efdddfff9478b45a1.html
Esta no es la única
noticia de este tipo, ya que un interno en una unidad psiquiátrica
se había “sacado los ojos” en junio de 2019.
https://www.elmundo.es/andalucia/2019/06/24/5d1104d9fdddff7d888b466d.html
Y ya en 2013, un enfermo le sacó los ojos a otro en una unidad
psiquiátrica de un hospital.
https://elpais.com/ccaa/2013/02/04/andalucia/1360002215_730194.html
Volviendo al caso de la
jueza.
La Juez en cuestión, fue
internada en una unidad psiquiátrica sin ninguna garantía de
defensa, como los 65.000 casos de internamientos y tratamientos
involuntarios que se practican al año en España. No tuvo derecho a
abogado, ni a defenderse ni a presentar informes. Un caso más en el
que se privó de derechos fundamentales a una persona -los más
fundamentales de todos- por una razón psiquiátrica y “por su
propio bien”. Por su propio bien, se le privó de defensa y de
audiencia y del derecho a la medida menos restrictiva e incluso al
consentimiento informado.
Por su propio bien, el
Ministerio Fiscal fue parte en el procedimiento validando todas y
cada una de las decisiones que tomaba la juez, sin pensar ni por un
segundo, en los derechos y garantías que se merece todo justiciable.
Por su propio bien se designó “tutor provisional” figura
inexistente en nuestro ordenamiento jurídico y que recayó, no en
familiares, amigos o personas de confianza de la Juez, sino en una
archipolémica fundación pública AMTA -conocida por sus abusos a
discapaces-, cuando la Ley solo reconoce legitimidad de estas
instituciones como última ratio, es decir, cuando no existe ninguna
otra alternativa posible. Con frecuencia vemos en los Juzgado de
Madrid que AMTA -su abogado- sin ser parte en el procedimiento de
internamiento o incapacitación, se sienta en el estrado junto con el
fiscal, algo que repugna la dignidad de esta profesión y de la
administración de justicia.
No solo se la interna sin
garantías y se designa un “tutor provisional” ficticio y en
contra de sus más elementales derechos sino que además sufre un
tratamiento involuntario e indebido.
La Juez de la que se habla
no tiene la más mínima patología psiquiátrica. Puede estar
estresada, cansada, o harta de su situación, pero nada de ello es
una enfermedad mental, como en la inmensa mayoría de los casos
psiquiátricos de España. Y digo esto sin sonrrojo, porque el
diagnóstico psiquiátrico es mera pseudociencia y asqueroso juicio
de valor.
En todas las vistas en las
que he podido interrogar a médicos o psiquiatras sobre la forma de
establecer el diagnóstico, en ningún caso han establecido un modelo
válido, mínimamente científico de diagnóstico. Se basan en su
propia observación, juicios de valor infundados, manifiestamente
exagerados y a veces argumentos delirantes del propio psiquiatra. Ni
una sola prueba analítica, ni una sola prueba de imagen, ninguna
prueba electrofísica, ni genética, ni mucho menos una perfilación
o una psicometría -test estandarizados-, porque entre otras cosas el
psiquiatra es inútil para interpretar pruebas médicas o
psicológicas de verdad: no sabe. Lo que sabe es opinar. Ese es su
diagnóstico.
A la Juez en cuestión se
le practicaron tres periciales de parte. Un psiquiatra, un psicólogo
y un enfermero hicieron tres evaluaciones independientes que
certificaron que la Juez no padecía ninguna enfermedad psiquiátrica
y que algunos de los síntomas podrían ser explicados por la
situación de estrés y otros por el uso indebido de medicación
psiquiátrica. No obstante se prosiguió con el internamiento y se
siguió con el proceso todavía inconcluso de incapacitación.
Se mantuvo a la Juez en
una residencia de ancianos, algo que no está previsto que sea
posible en la ley que en ningún caso habla de internamientos
involuntarios en geriátricos, y dentro de ese internamiento se
prohibieron las visitas incluso de su abogada, todo ello consentido
por la justicia.
Llega un momento en el que
la Juez “se cae” por las escaleras y se rompe la cadera y la
residencia decide no mantener a la Juez allí, por lo que se la monta
en una ambulancia y aparece en Palencia tomando el Juzgado decisiones
inaudita parte, es decir, sin escuchar a la paciente, a sus allegados
o a su letrada.
Y en Palencia reiteramos
el escenario de desprotección judicial, y se admite de forma sumaria
a un paciente que proviene de otra comunidad autónoma y de otra sede
judicial, con la connivencia de la Fiscalía, y se prohiben las
visitas y la letrada solo puede hablar con la juez “si está
delante en todo momento la psiquiatra del centro”. ¿acaso la Juez
necesita tanta protección? O acaso es necesaria tanta vigilancia.
La juez estaba
aceptablemente bien para su edad cuando estaba ingresada en La Paz a
pesar de la medicación, y estaba aceptablemente bien en la
residencia de ancianos de Madrid. Lo único que se podría
diagnosticar era un “leve deterioro cognitivo” a pesar de que
tiene en la memoria todos los teléfonos de sus amigos y puede
charlar amigablemente de cualquier tema. Y por ello se indicó que no
se aceptaría ningún tipo de tratamiento farmacológico. Pues bien,
se le puso tratamiento, pero no para corregir ese posible deterioro
cognitivo, sino un antipsicótico -que produce deterioro cognitivo-,
porque la señora según el psiquiátrico de Palencia no paraba de
decirles que “que era juez y catedrática de derecho constitucional
y que se encontraba peor que cuando ocho comandos de la ETA la tenían
en el punto de mira -todo lo cual es cierto-.
Y ahí tenemos a la Juez,
como 65.000 casos anuales más, internada sin garantías, tratada con
medicación que no solo no la ayuda sino que la perjudica,
incomunicada e indefensa. 30.000 incapacitaciones, casi 100
esterilizaciones forzosas y un número indeterminado de abortos
coactivos al año. Nada nuevo bajo el sol, y no se hacen una idea de
lo que es luchar contra toda esta maquinaria cuando existe una
simbiosis perfecta entre psiquiatría, servicios sociales, policías,
forenses, fiscalías y jueces, ayudando a personas a las que
maliciosamente se ha debilitado y aislado y a las que no les queda ni
paciencia, ni dignidad ni economía para defenderse. Mientras los
presos de todo tipo tienen derechos y reglamentos, las víctimas de
la psiquiatría carecen de un mínimo que garantice sus derechos más
fundamentales.
Eso sí, la mayor
preocupación de la Ministra mentirosa, son algunas pseudociencias.
Sí, todas aquellas que no están bajo su control o para su propio
interés.
Luis de Miguel Ortega
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